46 años desde la aprobación de la Constitución de 1978: ¿Qué cosas necesitan cambiar?

• El 75% de los españoles no tuvo la posibilidad de acudir a las urnas aquel 6 de diciembre.

Una copia de la Constitución de 1978/ Fuente: Congreso de los Diputados.

Han pasado 46 años desde que la Transición de una dictadura a una democracia culminó con la aprobación de la Constitución de 1978. Casi 50 años desde que los españoles acudieron en masa a las urnas para aprobar un texto jurídico que a día de hoy ha sufrido muy pocas transformaciones. 

A pesar de que España no es la misma que era en 1978, su máximo texto jurídico sí lo es. En “el máximo garante de la democracia y la estabilidad” hay aspectos en los que se han quedado anticuados. Actualmente, la mayor parte de los ciudadanos españoles no tuvieron la oportunidad de opinar sobre esta decisión tan importante, ya sea porque ni siquiera habían nacido o porque en ese momento no eran mayores de edad. Ante estas cuestiones surge de nuevo el debate sobre si es legítimo que un sistema que no ha sido renovado con el apoyo de la nueva sociedad. 

¿Y mi poder de decisión? 

Yo no he votado esta Constitución, mis padres no han votado esta Constitución y muchos de aquellos que sí la aprobaron ya han fallecido. La España que tenemos ahora no es aquella que el 6 de diciembre de 1978 aprobó la Carta Magna. Es entendible la necesidad de una estabilidad, especialmente en el momento de su redacción tras 40 años de dictadura, pero nuestra sociedad ha cambiado y hay que empezar a plantearse diversas preguntas. 

En los últimos datos recogidos, en 2022, solo el 14% de los españoles que siguen viviendo en España respaldaron la aprobación de la Constitución aquel 6 de diciembre de 1978. A raíz de esta cifra, ¿no sería coherente un nuevo referéndum, solo para confirmar que la carta magna sigue teniendo un apoyo generalizado? Como de legítimo es que nos rijamos por una ley máxima que no hemos tenido la probabilidad de votar, ¿si la democracia se basa en el poder de elección, porque no podemos elegir su sustento básico?. El principal problema que encontramos ante estas idílicas propuestas, es que aquellos en puestos de poder, y los encargados de convocar una consulta popular, no les interesa dar una voz a los ciudadanos, por el miedo al cambio. 

Todas estas opciones son irreales y mucho tenemos que cambiar para que sea algo solamente posible de plantear, pero es necesario abrir el debate en el que nuestra voz vuelva a estar en el centro de la política. No sólo la voz de los extremos, de una España cada vez más polarizada, en la que la opinión de cada uno viene dada de las propuestas cerradas del color al que me han enseñado a votar. En un país con cada vez menos capacidad crítica el bucle de la radicalización y el fanatismo parecen las únicas opciones con capacidad de salir victoriosos de las urnas. 

La Constitución de 1978 fue pensada por sus creadores para no tener una ideología clara, para simplemente establecer la base en la que la nueva España crecería. 46 años después nos encontramos en una encrucijada en la que la situación política actual complica mucho la posibilidad de una simple consulta, en la que es más que probable que el cambio no sea la opción preferida por los españoles. 

Podemos volver a votar para refrendar aquellos que la mayor parte del país no fue capaz de elegir, pero hay que tener claro que no solo los poderes estarán en contra de esta votación, también que si esta sale adelante se pondrá a la Carta Magna en el centro de juego de partidos, en los que los intereses reales de los ciudadanos pasarán a un segundo plano, convirtiéndose en una disputa en la que una vez las urnas les digan lo que quieren oír, nuestros intereses volverán a ser olvidados. Da igual lo que pienses, si estás de un lado te dirán que votes de una forma y ¡cuidado!, que “los malos del otro lado” estarán acechantes para romper España o para destruir la democracia. 

La realidad seguirá siendo la misma: seguirá todo igual. La monarquía, aquella encargada en última instancia de convocar un referéndum, no está interesada en cambiar unas funciones que les sitúan en un estado de poder y representación total, pero sin verdadera capacidad política. Los partidos mayoritarios se ven favorecidos por un sistema electoral establecido en el 78 en el que viven muy cómodamente. Respecto a los partidos nacionalistas, aparte de la creación de los estados de autonomía que tanto ansiaban, el mismo sistema electoral les permite una súper representación en las Cortes Generales, que favorece sus propios intereses. 

No le interesa a nadie el cambio. El rey no quiere perder su posición; PP y PSOE no están dispuestos a perder su poder institucional ante nuevos partidos, que por muy acechantes que sean nunca conseguirán una mayoría clara. ERC, Junts, Bildu y el PNV tampoco quieren perder su papel de “llave” que les permite no solo un control en el Congreso, sino una mayor preocupación a nivel nacional por los intereses de unos respecto a los de otros.  

¿Qué se podría cambiar?

Si existiera una utopía en la que se aceptaran algunos cambios, hay diversos aspectos establecidos en la Constitución que deberían sufrir una modificación. Nuestra Carta Magna solamente puso la base de la democracia, y la mayor parte de aspectos son de un carácter más técnico en la que se diseñó el funcionamiento de nuestras instituciones, pero hay elementos que chocan directamente con la España que somos ahora. 

No tiene sentido que en un Estado considerado como feminista el máximo puesto de poder sigua siendo entregado a un hombre por el simple hecho de serlo. En la línea de sucesión española, respecto al heredero de la Corona, prevalece el hombre frente a la mujer; aunque sea él el que haya nacido posteriormente. Este sinsentido, todavía relativamente entendible a finales de los 70, no cabe dentro de una sociedad como la nuestra. 

Primera página Constitución. / Fuente: Wikimedia Commons.

Otro aspecto más polémico es el de las comunidades autónomas; no su existencia en sí, sino la realidad que se ha establecido durante estos 46 años. Actualmente, existen ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Hay comunidades en las que tienen todo tipo de beneficios, y debido a los entramados políticos nacionales siguen recibiendo más ventajas, como la controvertida financiación catalana; mientras en Extremadura todavía se sigue sin una mínima conexión ferroviaria con el resto de España. 

Dentro de la propia Constitución, en su disposición primera, ya se establece que los territorios forales  seguirán contanto con sus "derechos históricos". ¿Choca esto con la igualdad que se supone que debemos tener todos los españoles?.

Aunque, según establece la propia Carta Magna, para un cambio es necesario un apoyo mayoritario en las Cortes, y todos sabemos que esto a día de hoy es impensable. Nuestra Constitución sólo ha sufrido tres pequeñas modificaciones, centradas en la entrada de España en organizaciones internacionales o cambios de términos inaceptables en nuestra sociedad actual. 

La realidad es que hemos cambiado y esta afirmación no quiere ser ni de “izquierdas” ni de “derechas”, quiere ser solo un llamamiento a una acción. No una acción radicalizada y fanática, pero una que ponga en el centro del debate que para medidas tan importantes como la Constitución realmente no se nos ha vuelto a tener en cuenta. Claro que hay cosas que se hicieron mal en el 78, la España actual no se puede comparar a la de ese momento y por eso hay cambios que son necesarios. Da miedo considerar la Constitución como algo cambiable, debido a que es el máximo representante de estabilidad, pero ¿si es obviamente cierto que no somos lo que éramos hace 46 años, no deberían también las leyes que nos representan sufrir la misma evolución que nuestra sociedad?